Mikki Kendall dice en su libro Feminismo de barrio que “cuando se intentan condicionar programas de alimentos a cualquier cosa que no sea aliviar a alguien que lo necesita, no sirven para paliar el hambre, sino para alimentar la vergüenza”.
Pensar en hambre desde territorios supuestamente desarrollados, a priori, nos hace viajar hasta latitudes del Sur. No vemos o no queremos ver que, a pesar de estar en un país y en un continente en el que se presupone un bienestar social, lo que existe es una creciente precariedad acompañada de un gran malestar ante las falsas soluciones del sistema capitalista.
En la CAPV en torno a un 12% de la población se encuentra en situación de pobreza. En el caso del acceso al alimento, hoy en día las respuestas desde las instituciones públicas lejos de proporcionar alimento proporcionan productos comestibles y la situación se vuelve cada vez más escandalosa, normalizando en el imaginario social que estas personas no solo deben conformarse, sino que incluso deben agradecer el acceso a una alimentación por muy escasa y precaria que sea. El asistencialismo sustituye a los derechos sociales y los intereses de las grandes distribuidoras inundan no solo el sistema alimentario, sino los mecanismos públicos de atención social.
La pandemia de Covid-19 hizo emerger e hizo visibles las carencias en este sentido. Vimos, por ejemplo, como se multiplicó la demanda en los bancos de alimentos o como el cierre de las escuelas privó a muchos menores de un recurso esencial en su alimentación sin ofrecerles ninguna otra opción.
Frente a esto, también vimos emerger espacios de solidaridad y redes de apoyo en barrios y pueblos, subió la demanda de productos de proximidad y ante las limitaciones de las respuestas institucionales, se organizaron ollas populares y comedores autogestionados. Pero no solamente aquí. En casi todos los países del sur global, fueron el campesinado y los movimientos sociales los que se preocuparon por la situación alimentaria de sus territorios. La respuesta que realmente intentaba resolver necesidades vino de lo colectivo. Se demostró que el hambre es un problema global y que las respuestas pasan por lo colectivo, lo solidario y comunitario. A pesar de ello, las instituciones públicas siguen insistiendo en poner en marcha falsas soluciones que, lejos de alimentar personas, alimentan los intereses de las corporaciones. El sostén de ese sistema necesita de la desigualdad. Una desigualdad que a su vez produce pobreza y necesidad.
Hace años se empezó desde Baladre el camino de Qué Comen las que Malcomen, un proceso participativo con grupos de personas en situaciones precarias de todo el Estado, preguntando qué comemos y cómo queremos alimentarnos. Hoy, junto a Bizilur, colocamos la lupa en la Comunidad Autónoma Vasca, visibilizando la situación en nuestro territorio y compartiendo propuestas para la construcción de modelos más justos.